«Las candidaturas independientes abren una opción de representación, pero también parecen dar cabida a la consumación de actos ilegales», la opinión de Tania Sofía Tejeda.

Columna:

Ahora que los candidatos independientes ya son una realidad en nuestro país y pueden participar en los procesos electorales, el reto es conseguir el apoyo ciudadano que les permita dejar de ser aspirantes y convertirse en candidatos para los puestos de elección popular. 

Sabemos que este apoyo se traduce en firmas que los ciudadanos otorgan a los candidatos independientes para respaldar su candidatura y el número que deben obtener de éstas dependerá del cargo por el que desean postularse. Me refiero particularmente a las firmas que requieren los postulantes para diputados federales, los cuales de acuerdo con el INE,  requieren del 2% de la lista nominal del distrito electoral federal del que se es perteneciente.

Durante 67 días, los candidatos independientes deben darse a la tarea de salir a las calles y platicar sus propuestas a los ciudadanos para que estos les otorguen ese primer voto de confianza y así puedan acceder a ser parte de la boleta electoral. Cabe recordar que durante este periodo, a los independientes no se les otorga ningún tipo de financiamiento, por lo que todos los gastos generados deben cubrirse de recursos propios, los cuales provienen también de aportaciones que un externo realice a la candidatura.

Como podemos ver, intentar acceder a un cargo de elección popular por la vía independiente no se ve sencillo y esa parece ser una de las razones por las que los candidatos que intentan obtener su registro, incurren en prácticas ilegales para obtener estas firmas.

En el caso particular de los aspirantes a diputados federales, el pasado mes de enero, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, publicó en su cuenta de Twitter una serie de fotografías donde aparecían documentos apócrifos que algunos candidatos habían presentado como parte del supuesto apoyo ciudadanos que habían recibido. Entre esos documentos, aparecían copias de credenciales para votar sin datos, copias de licencias de manejo e incluso, una credencial de una ciudadana de origen guatemalteco.

Estos hechos dieron como consecuencia que el INE presentara ante la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) una denuncia por las irregularidades en poco más de 95 mil  firmas, durante el periodo de obtención de apoyo con la finalidad de que se aplicaran las sanciones correspondientes para quienes habían incurrido en estas prácticas.

Estos acontecimientos, que no solo se han presentado para el cargo de diputados federales, sino que también han tenido lugar en las firmas que han recabado hasta ahora los aspirantes a candidatos a la presidencia, cuestionan las prácticas de los aspirantes.

Si se parte del hecho de que los independientes son una vía distinta de acceder al poder, siendo ajenos a los partidos políticos debido a la desconfianza y a la falta de legitimidad que estos han generado entre los individuos en las últimas décadas, hacer uso de datos falsos para intentar llegar a un cargo, atenta contra la propia voluntad de la ciudadanía que ha decidido dar su apoyo a estas formas de representación y parecieran reproducirse las mismas prácticas de fraude que se pretenden erradicar.

Las candidaturas independientes abren una opción de representación, pero también parecen dar cabida a actos ilegales, por lo que a tres años de su aprobación, aún deben fortalecerse para poder ser parte de la competencia electoral, sin incurrir en actos que cuestionen su razón de ser.

Imagen: Commons

EP