A mediados del 2018, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) buscó que sean los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fueran los encargados de decidir si era legal o no que un tribunal unitario le ordene la creación de una “Comisión de la Verdad y la Justicia” para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa «Prof. Raúl Isidro Burgos».

En este orden de ideas, la PGR hizo especial énfasis en la determinación de dicho tribunal sobre colocar a los padres de familia como los encargados de las investigaciones.

Incidente de imposibilidad

Así, la PGR presentó un recurso legal conocido como «incidente de imposibilidad» ante el Tercer Tribunal Unitario en el municipio de Reynosa, al que corresponde supervisar el cumplimiento de los cuatro amparos otorgados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, aludiendo a que de presuntos integrantes de Guerreros Unidos ya habían confesado el asesinato de los normalistas.

De acuerdo con declaraciones retomadas por El Sol de México, el escrito fue firmado por la directora de Asuntos Jurídicos de la dependencia, Carmen Sustaita, y por el director de Control de Juicios de Amparo, Ignacio Silva.

En este orden de ideas, Sabino Pérez, magistrado del Tribunal Unitario notificó ayer un acuerdo en el que ordena dar vista a las partes involucradas en los juicios de amparo para que ofrezcan pruebas y aleguen lo que convenga a su interés en plazo de tres días hábiles.

El incidente, frena de momento que la PGR sea sancionada al no caer en desacato de la orden de crear la Comisión.

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EP