La austeridad republicana: empática pero insuficiente

Durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y sus primeros días como virtual presidente electo, el tema de los salarios ha sido una columna principal de su discurso.

México es un país de contrastes, ya que aunque se ha presumido el crecimiento económico durante los últimos años y un mejor manejo de la inflación, la brecha económica continúa siendo enorme entre los más ricos y los más pobres y parece aumentar en términos absolutos (Vázquez, Dovalí, Jaramillo, 2018).

La brecha entre el salario mínimo y el salario de un funcionario público de alto rango es sin duda algo que incomoda a muchos de estos mexicanos que siguen dependiendo de ingresos que no cubren sus necesidades básicas. Hasta 2017.

Para poner un ejemplo, el titular del ejecutivo federal percibía 11 mil 223 dólares mensuales, siendo el quinto mandatario latinoamericano mejor pagado; mientras que el salario mínimo mexicano se colocaba en el penúltimo lugar de un listado de 18 naciones (Espinosa, 2018).

Al hacer las operaciones necesarias, se observa la gran diferencia que existe entre el salario del presidente y el salario mínimo en muchos países de América Latina, destacando el caso mexicano, donde el titular del Ejecutivo percibía aproximadamente 84 salarios mínimos, casi duplicando el número de salarios mínimos respecto al segundo caso con la brecha más grande y hacerlo con el tercer lugar.

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Fuente: Espinosa, Ana, “Del sueldo presidencial al salario mínimo en Latinoamérica” [en línea], El Universal, 18 de junio de 2018. Disponible aquí.

No es la primera vez que un presidente, electo o en funciones, hace un llamado a la austeridad o “apretarse el cinturón”.

Acudiendo a la Real Academia de la Lengua, Austeridad es la “Cualidad de austero”; Austero, a la vez, significa “Severo, rigurosamente ajustado a las normas de la moral” y “Sobrio, morigerado, sin excesos”.

Las redes sociales, como medios de comunicación protagonistas de la segunda mitad del siglo XXI  por la posibilidad de interacción entre algunos políticos y ciudadanos, se han volcado en contra de los aumentos, premios, aguinaldos o gastos ostentosos por parte de funcionarios de primer nivel, ocurridos en más de una ocasión, y que parecen inmerecidos e inaceptables  frente a la condición económica de millones de mexicanos.

Por otra parte, disminuir salarios de quienes encabezan el gobierno, aunque posiblemente “correcto” y producto de un reclamo popular,  no debe ser visto más allá de un gesto de empatía con la realidad de millones de mexicanos, ya que no representa la solución ni el ahorro suficiente ante los recursos estimados para el cumplimiento de sus promesas de campaña.

Si bien puede abrir paso a una nueva moral, ética o cultura política, en la que, tanto representantes como representados, comiencen a cambiar ideas dañinas que provengan del interés neto de “vivir de la política”.

Lo importante será que la austeridad, el ahorro y la eficiencia del gobierno no venga de un nuevo adelgazamiento del Estado mexicano que lo haga más endeble y con una visión unívoca que genere nuevos actores con características personalistas, sino del fortalecimiento y creación de instituciones que favorezcan mejores condiciones para impulsar la democratización de cada uno de los tres órdenes de gobierno y el desarrollo económico en cada una de las regiones.

Los cambios deberán venir de un buen trabajo  legislativo y reformas, a partir de septiembre con el inicio del primer periodo de sesiones de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.

Especialmente en materias (como publicidad oficial, presupuestos a partidos políticos, discrecionalidad del uso de ramos del presupuesto federal, políticas públicas, fiscalización de los recursos públicos y  procedimientos punitivos para quienes hagan mal uso de estos, etc.) donde el dinero público a raudales y una débil infraestructura institucional sigue generando oportunidades para el enriquecimiento ilícito, la malversación y el uso político-electoral del mismo, actos que minan la oportunidad de retomar el sentido social que el Estado mexicano cobró a partir del siglo pasado, aunque con mayor responsabilidad económica,  y que hoy, con razón y no solo en México, se reclama de nuevo.

 


Fuentes:

Espinosa, A., “Del sueldo presidencial al salario mínimo en Latinoamérica” [en línea], México, El Universal, 18 de junio de 2018. Disponible aquí.

Vázquez Pimentel, D.A., Dovalí Delgado, M. y Jaramillo Molina, M. (2018), México Justo: Propuestas de políticas públicas para combatir la desigualdad, México, Oxfam.

Imagen: Commons

EP

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