En México las personas con discapacidad ganan 33.5% menos

De a cuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 6.4 por ciento de la población en nuestro país, una cifra que se traduce en poco más de 7 millones 650 mil personas, reportan tener al menos una discapacidad¹.

Un balance donde la disfuncionalidad motriz, la ceguera y la sordera son las condiciones capacitantes más comunes en la sociedad mexicana, de acuerdo con la siguiente evaluación:

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¿Se protegen sus derechos laborales?

En este contexto, la Asociación Unidos Combatiendo la Esclerosis Múltiple (AUCEM), una de las organizaciones especializadas en la atención neurológica más destacadas de nuestro país, explicó al equipo editorial de EL POLITÓLOGO que de esa población solo el 34.8 por ciento se encuentra en edad económicamente activa (PEA), entre los 30 y 59 años.

Sin embargo, un porcentaje muy bajo de estas personas obtiene un trabajo que les permita obtener un ingreso, y si lo consiguen, no reciben un salario justo por las actividades realzadas, ya que llegan a percibir únicamente el 66.5% de lo que gana la gente sin discapacidad.

El Estado mexicano, ha brindado a este grupo vulnerable diversas leyes y normas que los protegen ante alguna situación de como el negar el trabajo a una persona discapacitada o el correrla debido a su condición.

Instrumentos normativos de protección

Entre ellas destacan:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos: 1, 5 y 123)

  • Reconoce el derecho a la igualdad de oportunidades.
  • Prohíbe impedir a una persona que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que elija.
  • Reconoce el derecho al trabajo digno y socialmente útil.
Ley Federal del Trabajo (Artículos: 2, 3, 51 86, 132 133 y segundo transitorio de la reforma de 2012)
  • El trabajo es un derecho y un deber social, no deben establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de discapacidad.
  • Prohíbe negarse a aceptar trabajadores por motivos de discapacidad.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Artículos 1, 2, 9 y 15 QUÁRTER)
  • Considera actos discriminatorios, entre otros:
  1. Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y acceso.
  2. Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales.
  3. Negarse a realizar los ajustes razonables.
  4. Limitar el acceso y permanencia a los programas de capacitación y de formación profesional; negar la prestación de servicios financieros a personas con discapacidad, entre otros.

Ante cualquier acto discriminatorio por el tema de discapacidad, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS) es la encargada de proporcionar asistencia técnica y legal en sectores productivos, sociales y privados en material laboral de discapacidad.

Los pacientes con Esclerosis Múltiple y otras discapacidades también pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) que funge como medio de la conciliación para proponer soluciones que resuelvan los conflictos entre trabajadores y patrones. Además de asesorar y de ser necesario, representar a los pacientes de manera gratuita en el juicio.


¹ Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México [En Línea]. Biblioteca de Publicaciones Oficiales del Gobierno de la República. Publicado el 8 de enero de 2018. Disponible aquí.

Imagen: PxHere

EP

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