Hoy quiero hablar de aquellas personas que no tienen voto, pero sí voz, aquellos sobre los que se debería poner más atención, pero que parecen no ser prioridad para el gobierno mexicano, pues, aunque en el discurso ellos son el “futuro del país”, no se ve por su presente: las niñas, niños y adolescentes en México.

Algunas cifras a considerar

De acuerdo con la Comisión Nacional de Población (CONAPO), en 2018 las niñas, niños y adolescentes representan el 32% del total de la población, donde alrededor de 40 millones de personas son menores de 18 años.
La ENSANUT 2012, mostró que 1.5 millones de niños menores de 5 años padecían desnutrición crónica y cerca de 9 millones tenían anemia.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2014, 21.4 millones de niños y adolescentes vivían en pobreza multidimensional.
Entre 2008 y 2012, la cifra de homicidios en niños de entre 10 y 19 años fue de 2,662 casos.
9% de menores no asisten a la escuela.
Solo en 2015, 181 niñas y niños menores de 5 años, fueron asesinados.

Antecedentes

Como una necesidad del Estado mexicano de velar por los derechos de los niños, además de considerar en el Artículo 1° Constitucional que todas las personas deben gozar de los derechos reconocidos en la misma, así como en los Tratados Internacionales, se creó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA).

A partir de esta Ley, se creó en 2014 el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) el cual es presidido por el Presidente de la República, teniendo como finalidad establecer líneas de acción y cumplir con los objetivos de reconocimiento, procuración y defensa de los derechos de la niñez.

A su vez, este Sistema se ha instalado a nivel estatal y municipal con la intención de que tenga una función articulada e integral para lograr así, la coordinación y el cumplimiento de los objetivos antes mencionados.

Esto, en el papel, convertía la agenda de infancia en un aspecto fundamental para el gobierno, buscando que las cifras anteriores se redujeran considerablemente, con la intención de que sus derechos fuesen reconocidos y respetados. Sin embargo, la realidad es que no solo la violencia hacia niñas, niños y adolescentes (NNA) sigue presente, sino que vivimos en un país que parece ser cada vez más violento en todas sus formas y hacia todas las personas.

La firma del Pacto por la Primera Infancia

Como en toda democracia, no solo el gobierno es el que debe actuar, sino también, la sociedad. Por ello, en 2016 se creó la iniciativa conocida como “Pacto por la Primera Infancia”, donde más de 100 organizaciones, así como empresas, académicos y organismos internacionales, se sumaron al llamado a los candidatos para gobernador del estado de Oaxaca a firmar este pacto, donde se incluían 10 metas a alcanzar para la atención integral de la primera infancia que corresponde desde los 0 hasta los 5 años, la cual es considerada fundamental y que representa los años decisivos para un desarrollo adecuado.

Para 2017, se repitió este llamado, pero en esta ocasión, para los candidatos a gobernador del Estado de México; por supuesto que el momento político electoral de 2018 no sería la excepción para resaltar la agenda de infancia y por tercera ocasión, se convocó, esta vez, a los candidatos para Presidente de la República a firmar este Pacto. Sin embargo, en aquella tarde del 10 de abril, hubo un gran ausente entre los presidenciables: Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente electo.

Sabemos que la prioridad tanto en sus discursos de campaña, como en sus declaraciones después de haber obtenido el triunfo en las urnas, han sido los jóvenes y los adultos mayores; no obstante, para todos los integrantes del Pacto, significó un foco rojo que no asistiera, pues aunque en ese momento, la elección aún se veía lejana, las encuestas siempre lo posicionaron como el próximo presidente y alguien con quien se tendría que trabajar de manera conjunta en caso de que los resultados lo favorecieran en la elección.

Las primeras exigencias hacia la nueva administración

La elección histórica llegó y los votantes dieron el triunfo a AMLO; apenas unos días después de haber recibido su constancia por parte del TEPJF como presidente electo, un colectivo de organizaciones de la sociedad civil, así como organismos de la defensa de los derechos de la niñez, realizaron una rueda de prensa en la casa de transición, con el fin de hacer un llamado al nuevo Presidente y a su gabinete para que los derechos de NNA sean una prioridad en su plan de gobierno, redactando una propuesta de agenda mínima que consideran, debe ser tomada en cuenta para realizar acciones puntuales, así como la exigencia de la designación de un presupuesto en materia de derechos de NNA.

De nueva cuenta, dicha rueda de prensa pareció pasar desapercibida para el próximo presidente, pues durante esos días, se sabía que él tendría reuniones en el Congreso, por lo que la atención a dicho tema no tuvo el impacto que se esperaba por parte de las organizaciones convocantes.

A pesar de ello, el pasado lunes 24 de septiembre tuvo lugar en San Lázaro, el Foro Agenda Legislativa para los derechos de la niñez en México donde se reunieron algunas Asociaciones Civiles con Diputados de Morena y PT para expresarles puntos fundamentales que consideran deben ser prioridad para el nuevo gobierno y buscar con ello, que la agenda legislativa no descuide este tema.

Los Diputados manifestaron la necesidad de que la nueva Legislatura contemple estas peticiones, donde la corresponsabilidad será fundamental para lograr los objetivos planteados; además, expresaron que no debe haber banderas políticas, sino que se debe trabajar en equipo para hacer que las propuestas pasen “del papel a la realidad”. Hay voluntad, pero no es suficiente.

Otro evento que quiero rescatar, es el Encuentro Nacional de SIPINNA que se llevó a cabo los días 27 y 28 de septiembre pasados; a él acudirían como ponentes Senadores, académicos y expertos en el tema de la defensa de los derechos de la niñez, así como representantes y miembros tanto de organizaciones de la sociedad civil como de los SIPINNA estatales. La finalidad de dicho encuentro, era hablar sobre el estado actual de los derechos, así como los retos y objetivos que hay que afrontar en los próximos años.

Quiero compartirles en especial, un comentario con el que coincidieron el Mtro. Mario Luis Fuentes y el Dr. Mauricio Merino, donde se dijo que mientras se realizaban estos foros y eventos, en el país había al menos 1 niño violentado o asesinado.

Palabras fuertes pero que, sin duda, son para reflexionar en torno a no solo la falta de actuación del gobierno, sino también, el verdadero papel que juegan tanto las organizaciones, como todas aquellas instituciones creadas para la defensa y cuidado de los menores, ya que pareciera ser que están más ocupados en justificar como sea los recursos destinados y “salir en la foto” que verdaderamente preocuparse por el estado de esos millones de niños que no van a la escuela, que no tienen alimento y que son maltratados en su hogar.

La otra cara de la moneda

Esa reflexión me hizo querer escribir estas líneas. Constatemente tengo la posibilidad de asistir a foros, reuniones, seminarios, y diferentes eventos donde el tema central es la vulneración de los derechos humanos en todos los niveles y a distintos sectores, los cuales son organizados en su mayoría por las OSC dedicadas a ello, pero en un ejercicio de reflexión, considero que realmente no se dan soluciones o peticiones concretas.

Se habla de buenas intenciones, pero las “soluciones” no parecen viables ni realistas; se exige a los gobiernos que incluyan en sus agendas como prioridad el tema infantil, pero ni las propias organizaciones expresan cómo piensan que se puede lograr; pareciera que solo con pedir y exigir al gobierno que responda, con ello han cumplido su labor de “protección”.

Algunas de estas organizaciones son reconocidas a nivel mundial y su grado de incidencia respalda su trabajo, de eso no hay duda. Sin embargo, la cercanía que he tenido con ellas, me hace ver que la realidad es puede llegar a ser muy diferente.

Constantemente criticamos que los políticos o los partidos políticos como instituciones, solo velan por los intereses políticos y económicos de unos cuantos y no se preocupan por la sociedad, de ahí que las OSC surjan para llenar esos vacíos y como una forma de contrapeso, pero ¿qué pasa cuando estas organizaciones hacen prácticas similares a esas instituciones en las que tanto desconfiamos?

Se vuelve un círculo vicioso y esas buenas intenciones se quedan solo en eso, pero sin resultados palpables que den confianza de que las cosas se están haciendo bien y que es el camino que se debe seguir.

Reflexión final

Lo expresado en este texto es muy diferente a lo que había realizado en los meses en los que he colaborado para esta plataforma, pero no deja de tener un tinte reflexivo sobre la situación actual de nuestro país, instituciones y ciudadanía en general.

Hoy quise hablar de aquellos actores que no visten de traje, que no salen en el Canal del Congreso o que no aprueban leyes, sino de aquellas personas que, como dije al principio, son el futuro de este país; sí, creo que la defensa de sus derechos, la seguridad y bienestar debe ser prioridad, pero no solo de ellos, sino de cada uno de los mexicanos, principio básico que los gobiernos no han cumplido, aunque la nación se los ha demandado.

Cuidar de la niñez y adolescencia es parte fundamental, pero ese no es el problema de fondo, pues considerar otros factores como la pobreza, la desigualdad o la violencia generalizada hacia sus familias, solo por poner unos ejemplos, también debe ser tomado en cuenta, porque de estas brechas de desigualdad se derivan los problemas que he mencionado en los párrafos anteriores.

Aunque lo anterior sí es trabajo de los gobernantes, las OSC también deben cumplir su parte; no solo deben exigir, sino contribuir a la búsqueda y obtención de resultados lo cual es prioridad y principio básico de todas aquellas organizaciones que se dedican al tema de los derechos de la niñez, dejando intereses económicos fuera de este campo de acción, porque repito, se cae en una contradicción.

Por ello, la congruencia entre el discurso y la práctica es algo en lo que tanto instituciones como organizaciones deben trabajar, solo así podemos hablar de la consecución de resultados reales y políticas viables; a pesar de que en este país realizar eventos para hablar de lo que se debería hacer en lugar de hacerlo, parece ser una constante, busquemos el cambio cultural que tanta falta nos hace y que no solo quede en el plan de un sexenio, sino que sea paulatino, pero real, que permita hablar del mejoramiento de las condiciones de vida de niños, adolescentes, adultos, sí, donde hablemos de un verdadero Estado de derecho.

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