Amnistía Internacional, una Organización No Gubernamental presente en más de 150 países que trabaja a favor de los derechos humanos, exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador romper con el paradigma militar en vísperas de la posible creación de una Guardia Nacional, coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
En esa tesitura, la abogada Erika Guevara Rosas, directora para las Américas en Amnistía Internacional, declaró que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue correcta al momento de dar marcha atrás -declarar la inconstitucionalidad- a la Ley de Seguridad Interior.
La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior parece abrir una oportunidad para el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de desarrollar un plan detallado para el retiro pronto y ordenado de las fuerzas militares de las labores de seguridad. No obstante, es preocupante que el presidente electo haya presentado una propuesta de seguridad que repite esencialmente el modelo de seguridad militarizada fallido y que ha permitido la comisión de graves violaciones de derechos humanos en manos de las fuerzas armadas.
Por su parte, Tania Reneaum, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional en México, precisó que las instituciones de la sociedad civil deben ser las instancias encargadas de la seguridad interior y no un mando militar cuya formación es distinta.
El nuevo gobierno debería romper el paradigma militar de seguridad y establecer un nuevo modelo. Deberían ser las instituciones civiles las responsables de la seguridad en el país y deben mantener el control de las operaciones. La propuesta del presidente electo de continuar la militarización debería ser enmendada para enfocarse en el fortalecimiento y profesionalización de las policías civiles.
De acuerdo con los resultados del Examen Periódico Universal (EPU), del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, México es uno de los países que más violaciones a Derechos Humanos registra en todo el mundo; un país donde «prevalece una crisis de violencia, corrupción e impunidad» (Animal Político, 2018).
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