La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Prof. Raúl Isidro Burgos», de la comunidad de Ayotzinapa, fue detenido y, posteriormente, privado ilegalmente de su libertad por parte de autoridades del gobierno en el Estado de Guerrero. Desde aquel enfrentamiento nunca más se les volvió a ver.

Un evidente caso de desaparición forzada¹ que, acuerdo con los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), es responsabilidad íntegra del Estado mexicano. al haberse activado la facultad de atracción por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) que operaba bajo la administración de Enrique Peña Nieto.

Más de 1500 días después

En esa tesitura, más de mil 500 días después de los hechos ocurridos en Iguala, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lideró el martes, 15 de enero de este año, la instalación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.

Uno de los primeros compromisos que el ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador, había prometido como mandatario de México.

Sobre el objetivo de dicha Comisión, mandatada por el Ejecutivo Federal, Sánchez Cordero señaló:

El objetivo es muy claro: conocer la verdad e impartir justicia, para fincar responsabilidades y hacer valer la ley.

Pido a los integrantes de la Comisión su más decidido esfuerzo y compromiso para coadyuvar a conocer la verdad en el plazo más humano y científicamente posible.

La verdad es que no hay verdad en el caso Ayotzinapa… encontrar esa verdad es nuestra encomienda y la vamos a cumplir.

Anombre de los padres de los desaparecidos, don Emiliano Navarrete agradeció la buena disposición del gobierno de López Obrador para llegar a la verdad de este hecho que marcó al sexenio de Peña Nieto (Proceso, 2019):

Para nosotros la esperanza renace. Agradezco como padre esa disposición que, como nuevo gobierno, tienen para llegar a la verdad. Les pido compromiso y seriedad.

¹ De acuerdo con el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas se entiende por desaparición forzada:

El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

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