a) Preámbulo:
El pasado 23 de enero de 2018, en las inmediaciones de la estación «Rosario» del Metrobús, en la Alcaldía de Azcapotzalco, el estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria «Miguel E. Schulz» (Prepa 8), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Marco Antonio Sánchez Flores, fue detenido ilegalmente por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX).
Los policías golpearon y sometieron al entonces menor de 17 años cuando se encontraba tomando fotografías a unos murales de la estación del Metrobús. Fue subido a una patrulla de la SSP-CDMX y en ningún momento fue presentado en alguna agencia del Ministerio Público en la capital de la República.
5 días más tarde se supo, por filtraciones en medios de comunicación, que el estudiante universitario fue visto en las instalaciones de la Fiscalía de Tlalnepantla, en el Estado de México, desorientado y con visibles huellas de tortura y daño físico.
Los padres del adolescente acudieron este domingo a la Fiscalía de Tlalnepantla, para revisar grabaciones durante un par de horas, y confirmaron que la persona que observaron era su hijo […] en las grabaciones que les mostraron autoridades mexiquenses, detallaron, a Marco se le veía aturdido y cojeando de una pierna (Animal Político, 2018).
b) El juicio de amparo
Con esto en mente, la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) publicó este 21 de mayo de 2019 el Boletín Núm. 08/2019 donde presentó la más reciente actualización del estado que guarda el debido proceso que Marco Antonio y su familia solicitaron al Estado mexicano para esclarecer lo sucedido.
En esa tesitura, la organización especializada en la defensa de los derechos humanos dio a conocer que un juez en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, otorgó el amparo a Marco Antonio y su familia teniendo como responsables a las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México en un hecho de desaparición forzada.
La sentencia fue emitida el pasado 9 de mayo en el Amparo en Revisión 53/2019; el cual determinó que el adolescente sí fue víctima de dicha violación grave a sus derechos humanos.
Marco Antonio fue detenido arbitrariamente por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, golpeado, torturado a bordo de una patrulla, desaparecido y, finalmente, abandonado; la oportuna respuesta de organizaciones defensoras y la indignación social que se manifestó en el país permitieron que reapareciera cinco días después en Tlalnepantla, Estado de México, con severos daños de salud.
Tras el análisis exhaustivo del caso, incluido lo sucedido durante los cinco días transcurridos entre la detención y su reaparición, y contra la negación sistemática de autoridades de la CDMX y el Estado de México de que hubiera sido víctima de desaparición forzada, se decidió otorgarle a él y su familia la protección de la justicia federal.
c) Revictimización:
El 29 de enero de 2018, esta Casa Editorial documentó las declaraciones del entonces jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mnacera Espinosa. Actualmente, senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En todo momento el titular del Poder Ejecutivo en la capital de la República negó que lo ocurrido en el caso de Marco Antonio fuera un hecho de desaparición forzada. Y, en esa tesitura, atribuyó una carga de responsabilidad a la víctima.
Este es un proceso de revictimización que la REDIM reconoce y hace visible en su boletín de la siguiente manera:
La Administración de Miguel Ángel Mancera y otras altas autoridades capitalinas decidieron políticamente que no existió la detención arbitraria, tratando de minimizar el hecho arguyendo que se trataba de otro “adolescente problemático”.
Las organizaciones defensoras documentaron judicialmente esta negativa, así como la de brindar información de su paradero, además de la intención de sustraerlo de la protección de la ley y no presentarlo ante la autoridad competente. Por tales actos de autoridad Marco Antonio y su familia fueron revictimizados mediáticamente, aparte de que se les ha privado de manera reiterada de sus derechos a la justicia y la verdad, negándoseles siquiera una investigación seria y efectiva.
Imagen principal: Commons
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El Politólogo 